Vicente Flores recurrió a Naciones Unidas después de que el Ayuntamiento de Barcelona le denegase pasar a segunda actividad y tras una lucha judicial de más de cinco años.

ARACELI GUEDE 12.04.2019

Han tenido que pasar diez años, una larga batalla judicial y numerosas decepciones y aflicciones pero finalmente Vicente Flores ha visto cómo un organismo internacional le da la razón. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha determinado que el Ayuntamiento de Barcelona discriminó a este guardia urbano cuando, tras una incapacidad sobrevenida, le impidió pasar a segunda actividad y le obligó a jubilarse cuando solo tenía 31 años.

El dictamen concluye que la jubilación forzosa de este agente local infringe varios artículos de la convención sobre esta materia, en vigor en España desde 2008. Apunta por ejemplo que el Estado —contra el que se dirige la petición por ser el firmante del tratado— ha incumplido preceptos del artículo 27. Este insta a salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, “incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación”. […]

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