Diario de Lanzarote – Saúl García

Fue una noche de fin de semana en noviembre de 2015. Jonathan estaba de servicio. Estaba asignado a la Unidad de Seguridad Ciutadana (USCI) de la Policía Local de Arrecife y les avisaron de una pelea en la calle Manolo Millares. En medio de la pelea un hombre fue a sacar un cuchillo y Jonathan intento reducirlo desde atrás. Lo logró, pero el atacante y sus 128 kilos de peso cayeron sobre él.

En el impacto contra el suelo se lastimó el hombro y tuvo que ir directo al Hospital. Ese fue su último servicio. Desde entonces tiene un dolor continuo y una movilidad muy reducida en ese brazo a pesar de las tres operaciones que le han realizado.

Apenas puede levantar el brazo derecho. A tenido que comprarse un coche automático porque no puede cambiar las marchas y ha tenido que aprender a manejar la mano izquierda. La Seguridad Social le ha reconocido una minusvalía del 33% y se convirtió en pensionista con 37 años. No puede realizar el trabajo que hacía pero puede, y quiere, hacer otros trabajos y esa ha sido su segunda lucha en los últimos años. La primera fue la de superar la lesión y la segunda, la batalla administrativa por intentar volver a trabajar en el Ayuntamiento de Arrecife, que en mayo de 2017 decidió comunicarle su cese como trabajador municipal.

Jonathan Rodríguez Llorca es policía por vocación. Entró en la policía local en el año 2002 con 21 años y después aprobó las oposiciones a Policía Nacional pero decidió quedarse en Arrecife. Después de la lesión, ha pedido en varias ocasiones que le redacte un puesto de trabajo hace situación tal como dice la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad que fue ratificada por España en 2007. El Ayuntamiento, que inicialmente no le contestó, cuando lo hizo fue para echarle.

Señala que la sociedad debe ser inclusiva y no exclusiva. “Me costó mucho aceptar esto -dice sobre el cese-, entré en la policía con 21 años y quiero seguir siendo útil; yo estaba intentando dar una imagen correcta del ayuntamiento y ahora me levanto cada día con impotencia porque por hacer mi trabajo me veo en esta situación, y la dignidad como persona no la puedes perder “.

“Me costó mucho aceptar esto -dice sobre el cese-, entré en la policía con 21 años y quiero seguir siendo útil; yo estaba intentando dar una imagen correcta del ayuntamiento y ahora me levanto cada día con impotencia porque por hacer mi trabajo me veo en esta situación, y la dignidad como persona no la puedes perder “

Como su lesión no mejoraba, la mutua que le hacía el seguimiento le pide al ayuntamiento que informe de qué puestos de trabajo se pueden adaptar a sus capacidades, pero el Ayuntamiento no contesta. Entonces Jonathan pide el pase a segunda actividad, a la que pasan muchos policías cuando se acercan a la edad de jubilación , y tampoco le contestan. Se reúne con los responsables municipales y le dicen que apenas hay personal en Recursos Humanos. “ Yo no tuve ninguna dilación -señala- a la hora de tomar mis decisiones en mi puesto de trabajo y ahora me da la espalda por tener una discapacidad que me produce en un acto de servicio “. Ante esta falta de respuesta, la mutua pide a la Seguridad Social la remisión del tribunal médico y le reconocen una discapacidad del 33% y una incapacidad permanente total. A raíz de esa decisión, el Ayuntamiento decide cesarlo, en base a un informe firmado, esta vez sí, por una técnico de Recursos Humanos. Después de eso, presentó un recurso de reposición al cese, que tampoco fue contestado y una queja al Diputado del Común, que sigue su curso. Tras del cese (con reserva de dos años del puesto de trabajo) es cuando la alcaldesa pide al subcomisario jefe de la policía un informe sobre los puestos que Jonathan puede desempeñar, y el subcomisario contesta que hay “numerosas funciones dentro del departamento que podría desempeñar y para las que su formación y experiencia serían de gran utilidad para este departamento “. Entre estas funciones cita trabajos administrativos y de gestión de expedientes, de información, atención telefónica, videovigilancia, mantenimiento de equipos informáticos y el estudio y redacción de protocolos de actuación, y propone que se le asigne al régimen de segunda actividad. A partir de ahí se reactiva el asunto y en septiembre se reúne el comité de seguridad de salud del ayuntamiento que acuerda por unanimidad que se elabore un informe sobre si es viable que Jonathan compatibilice su situación de incapacidad con las funciones que señala el subcomisario. El informe se ha encargado pero sigue sin ser readmitido.

Jonathan forma parte de la Asociación por la Integración de Policías Locales con discapacidad. Dice que los ayuntamientos de Teguise y Tías tienen reconocidas las peticiones de esa asociación. Este mes de marzo compareció ante la Comisión de discapacidad del Parlamento de Canarias para solicitar, junto al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, que el gobierno de Canarias incluya en sus leyes las exigencias de la Convención de Naciones Unidas de Discapacidad respecto de los policías locales que adquieren una discapacidad en el desempeño de su actividad profesional, “y que no se aplique la jubilación forzosa de forma errónea“, recalca. “Yo no pido empatía, sino que se haga justicia, y no solo conmigo, sino con todos “.

Fuente: https://www.diariodelanzarote.com/