Importante: Diferencia entre Incapacidad Permanente y Discapacidad

1. ¿Qué dice la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad?

Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, ratificada por España en 2007 y plenamente integrada en nuestro ordenamiento), la discapacidad no es solo una cuestión médica, sino una situación que surge de la interacción entre:

– Las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de una persona (previsiblemente permanentes), y
– Las barreras del entorno (actitudes, accesibilidad, discriminación, etc.) que impiden su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones.

Por tanto, toda persona que tenga una limitación funcional significativa (como las derivadas de una incapacidad permanente) puede considerarse, desde el punto de vista conceptual y jurídico internacional, una persona con discapacidad. Esto es un avance enorme en derechos humanos: reconoce que la discapacidad es un hecho social y evolutivo, no solo individual.

2. ¿Significa esto que, al tener una incapacidad permanente, ya tienes automáticamente todos los derechos de una persona con discapacidad?

No, no es automático ni en todos los ámbitos.

La incapacidad permanente (reconocida por el INSS) se centra en tu capacidad para trabajar (grados: parcial, total, absoluta, gran invalidez). Es una prestación laboral de la Seguridad Social.

En cambio, el grado de discapacidad (reconocido por las Comunidades Autónomas a través de los centros de valoración) mide el impacto global en tu vida diaria, social y personal (porcentajes a partir del 33%).

3. ¿Qué te recomendamos desde Ailpold?

Solicita de forma complementaria la valoración oficial de grado de discapacidad en tu Comunidad Autónoma (a través del centro base, servicios sociales o trabajadora social de tu ayuntamiento/provincia).

Es un trámite gratuito, independiente de tu incapacidad permanente, y muy recomendable si tienes limitaciones que afectan tu día a día (movilidad, dolor crónico, estrés postraumático, problemas auditivos/visuales, etc.).

¿Por qué merece la pena?**
– El mínimo es el 33%, y muchas incapacidades (especialmente total o absoluta) superan fácilmente ese porcentaje una vez valoradas globalmente.
– Te abre un abanico mucho más amplio de ayudas y derechos.
– No quita nada a tu pensión de incapacidad; se suman.

¿Por qué es tan importante entender la normativa para un policía local con discapacidad o limitaciones?

Ser policía local implica una profesión de alta penosidad y peligrosidad: turnos rotatorios, exposición a violencia, agresiones físicas, estrés continuado, riesgo de lesiones en detenciones o accidentes viales, y desgaste físico por patrullas a pie o en moto.

Muchas patologías (lesiones de espalda, problemas articulares, estrés postraumático, ansiedad crónica, burnout) aparecen con los años y pueden derivar en una incapacidad permanente o en la necesidad de una segunda actividad.

A diferencia de la Policía Nacional (con particularidades en el RD 1087/2015), los policías locales están íntegramente en el Régimen General de la Seguridad Social (desde su creación como funcionarios o laborales). Esto significa que se aplican las reglas generales de incapacidad permanente (LGSS art. 193 y ss.), pero con opciones muy ventajosas como la segunda actividad (regulada por normativas autonómicas y municipales) y la jubilación anticipada (RD 1449/2018).

Desde Ailpold te explicamos todo paso a paso para que tomes decisiones informadas.

1. Normativa principal aplicable a policías locales (actualización enero 2026)

– Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL): bases generales de los cuerpos de policía local y su integración en la Seguridad Social.
– Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre: regula la jubilación anticipada por coeficientes reductores (0,20 por año cotizado como policía local). Máximo 5 años de adelanto (6 años si se acreditan 37 años cotizados como policía).

Progresividad:
– En 2023-2026: se necesitan 36 años y 6 meses cotizados como policía local para adelantar 6 años.
– A partir de 2027: 37 años para el máximo de 6 años.
– Ejemplo: Un agente con 36 años y 6 meses cotizados en 2026 puede jubilarse a los 61 años en lugar de los 67 (o antes según la edad ordinaria transitoria).
– Ley 2/2025, de 29 de abril (publicada en BOE 30/04/2025, en vigor desde 1/05/2025): revolucionaria para la inclusión laboral.

Elimina la extinción automática del contrato por incapacidad permanente total (IPT), absoluta (IPA) o gran invalidez (GI). Ahora, el Ayuntamiento debe evaluar ajustes razonables en el puesto (adaptaciones, reducción horaria, formación) o reubicación en otro compatible antes de extinguir la relación.

Solo procede la extinción si:
– No es posible el ajuste (carga excesiva demostrada).
– No hay puesto vacante adecuado.
– El policía rechaza la propuesta motivada.
Esta situación refuerza enormemente la segunda actividad y evita jubilaciones forzosas prematuras.
Normativas autonómicas: cada Comunidad regula la segunda actividad (ej. Ley 6/2023 de Andalucía, Ley 17/2017 de Comunidad Valenciana, Ley 1/2018 de Madrid, Ley 16/1991 de Cataluña, etc.). Casi todas permiten el pase por edad (57-63 años), por pérdida de aptitudes psicofísicas o por embarazo/riesgo lactancia.

2. Tipos de incapacidad permanente en el Régimen General (explicación detallada)

Según la Ley General de la Seguridad Social (art. 194 y ss.), los grados son:

1. Incapacidad Permanente Parcial (IPP)
Disminución ≥ 33% en el rendimiento normal para las tareas fundamentales de policía local (patrulla, regulación tráfico, detenciones, porte de arma, etc.), pero permite seguirlas.
Prestación: Indemnización única de 24 mensualidades de la base reguladora (pago a tanto alzado).
En la práctica: esta muy vinculada a los accidentes laborales y es casi inexistente la aplicación en enfermedad común, anteriormente  muchos compañeros la usaban como base para pasar a segunda actividad temporal o permanente, ahora al ser una cantidad económica se resisten mucho a darla.

2. Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual (IPT)
Impide realizar todas o las principales funciones operativas policiales (esfuerzo físico, detenciones, conducción urgente, respuesta a emergencias), pero permite otros trabajos (incluidas tareas administrativas).
Prestación: 55% de la base reguladora (puede subir al 75% si es “cualificada”: +55 años + dificultades reales para recolocarse).
Cuantías mínimas 2026 (aprox., revalorizadas 2,7%): alrededor de 1.137-1.400 €/mes (14 pagas).
Muy frecuente en policías locales por lesiones de rodilla/espalda, estrés crónico o problemas auditivos.
Importante jurisprudencia: El Tribunal Supremo (STS 5394/2025 y anteriores) confirma que la IPT se valora sobre la profesión habitual completa (no solo la segunda actividad), por lo que es compatible con pase a tareas sedentarias.

3. Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) 
Impide cualquier profesión u oficio.
Prestación: 100% de la base reguladora.
Cuantías mínimas 2026: aprox. 1.720 €/mes.

4. Gran Invalidez (GI)
IPA + necesidad de asistencia de tercera persona para actos esenciales (aseo, alimentación, desplazamientos).
Prestación: 100% base reguladora + complemento (45-50% adicional del SMI, según casos).
Cuantías mínimas 2026: 1.884 €/mes (con cónyuge a cargo) hasta 2.583 €/mes aprox.

3.Contingencias: ¿Laboral (profesional) o común? Diferencias clave y ejemplos en policías locales

Contingencia: Enfermedad común
% Base Reguladora: Normal
Carencia (período mínimo cotizado): Sí (generalmente 1/4 cotizado en los últimos 10 años)
Recargo (hasta +50%): No
Pago inicial: INSS
Ejemplos reales frecuentes en policías locales: Artrosis por edad, lumbalgias crónicas sin nexo directo con el servicio

Contingencia: Accidente no laboral
% Base Reguladora: Normal
Carencia (período mínimo cotizado): No
Recargo (hasta +50%): No
Pago inicial: INSS
Ejemplos reales frecuentes en policías locales: Lesiones ocurridas en casa, en deporte privado o fuera del servicio

Contingencia: Enfermedad profesional
% Base Reguladora: Mejoras posibles
Carencia (período mínimo cotizado): No
Recargo (hasta +50%): Posible (si se demuestra falta de medidas preventivas por parte del Ayuntamiento)
Pago inicial: INSS / Mutua
Ejemplos reales frecuentes en policías locales: Estrés postraumático crónico, burnout por turnos rotatorios y exposición continuada a violencia, ansiedad derivada del trabajo.

Contingencia: Accidente de trabajo
% Base Reguladora: Mejoras importantes
Carencia (período mínimo cotizado): No
Recargo (hasta +50%): Posible (si se demuestra falta de medidas preventivas)
Pago inicial: Mutua / INSS
Ejemplos reales frecuentes en policías locales: Agresiones físicas durante detenciones, caídas en patrulla, accidentes viales en servicio, lesiones por enfrentamientos o intervenciones

– En contingencia profesional (enfermedad profesional o accidente de trabajo) no se exige período mínimo de cotización, las cuantías suelen ser más altas y existe la posibilidad de recargo de prestaciones (hasta un 50% extra) si el Ayuntamiento no cumplió con la prevención de riesgos (por ejemplo, falta de evaluación de riesgos psicosociales o de formación adecuada).
– Muchos casos que inicialmente se califican como enfermedad común (sobre todo estrés postraumático, depresión por exposición a violencia o lesiones por desgaste) acaban reconociéndose como profesional gracias a la jurisprudencia favorable del Tribunal Supremo y tribunales superiores.
– Recomendación: Siempre solicita una determinación de contingencia que se valore la contingencia profesional, aportando partes de lesiones, atestados, informes psicológicos y cualquier prueba de que la patología tiene nexo exclusivo o principal con el servicio.

4. Segunda actividad: la gran alternativa para evitar jubilación forzosa

Regulada por normativas autonómicas/municipales. Es una situación administrativa especial donde se pasa a tareas sedentarias/administrativas (oficina, vigilancia estática, mediación, formación) cuando hay disminución de aptitudes psicofísicas, pero sin llegar a IPT total.

– Ventajas: Sigues en activo, mantienes retribuciones (adaptadas), cotizas para jubilación, y evitas extinción gracias a Ley 2/2025.
– Compatibilidad con IPT: No, según TS (incluso si hay IPT, puedes optar por segunda actividad lo permita o no el ayuntamiento , deberás de ir a la vía judicial).
– Ejemplos autonómicos: Andalucía (Ley 6/2023 + Decreto 135/2003), Madrid (Ley 1/2018), Cataluña (Ley 16/1991), Comunidad Valenciana (Ley 17/2017). Casi todas permiten pase por edad (57-63 años) o por motivos de salud.

5. Recomendaciones prácticas desde Ailpold (paso a paso, 2026)

1. Nunca puedes pedir una incapacidad , es decir, nunca puedes ir a por una parcial una total o una absoluta, solicitas una determinación de incapacidad y es el propio tribunal quien determina cual de ellas es en la que te encuentras, hay muchos casos que van a por una parcial y termina en una total y se encuentran con un problema judicial para volver a su puesto de trabajo.

2. Siempre reúne documentación: partes de lesiones, atestados, informes psicológicos/psiquiátricos, historial de agresiones/turnos, lo puedes obtener de tu mutua si hablas con atención al paciente en tus hospitales de la seguridad social.

3. Solicita siempre contingencia profesional (especialmente estrés, lesiones por servicio). Recurre si deniegan (alta tasa de éxito en juzgados).

4. Pide evaluación de ajustes razonables (Ley 2/2025) antes de cualquier extinción.

5. Explora la posibilidad de segunda actividad (por salud o edad) junto o antes de IPT.

6. Calcula jubilación anticipada (RD 1449/2018) si tienes muchos años cotizados.

7. Contacta con nosotros a través de nuestros delegados o desde la propia web para realizar una revisión del expediente, ayuda al pasar el EVI (tribunal médico INSS) y ante los posibles recursos previos en el expediente y también los judiciales.

¡No estás solo! Miles de policías locales han pasado por esto.

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Ailpold – Asociación de Policías con Discapacidad

Hay libros que se leen.
Y hay libros que te miran a los ojos.

Azul resiliente. Más allá del uniforme, de José Antonio Domingo, presidente de nuestra asociación, pertenece al segundo grupo.

No nace de un despacho ni de una idea editorial, sino de una experiencia vivida en primera persona y compartida por muchos compañeros que jamás pensaron que un día tendrían que luchar para seguir siendo quienes eran.

Este libro recoge relatos reales de policías que, tras una enfermedad o un accidente, vieron cómo su mundo se detenía de golpe. No por una intervención fallida ni por una mala decisión en la calle, sino por algo mucho más frío: un informe, una valoración médica, una firma administrativa.

José Antonio lo cuenta desde dentro. Desde el día en que un médico pronuncia dos palabras —“esto es grave”— sin levantar la vista de la pantalla. Desde ese instante en el que no se rompe el cuerpo, sino la identidad. Desde el momento en el que alguien que ha servido durante años empieza a sentirse, de pronto, prescindible.

Historias que no salen en los informes

A lo largo del libro aparecen nombres propios. Personas reales.

Compañeros que aguantaron en silencio mientras les vaciaban la taquilla sin despedida. Policías que escucharon frases como “acéptalo, es lo mejor” cuando aún querían seguir sirviendo. Madres, padres, hombres y mujeres que no pedían privilegios, solo una oportunidad.

Una de las historias más impactantes es la de un compañero que, tras recibir la notificación de su cese, no supo cómo entrar en casa con esa carta en la mano. Se quedó horas dentro del coche, con el motor apagado, mirando al vacío. No lloraba. No gritaba. Simplemente no sabía quién era ya sin su uniforme.

Ese tipo de escenas silenciosas, invisibles son las que Azul resiliente se atreve a contar.

Pero este no es un libro de derrota.

Cuando nadie te sostiene, nace la red

Entre el dolor y la injusticia, el libro muestra también cómo surge Ailpold, no como un proyecto planificado, sino como una reacción humana: un mensaje, una llamada de madrugada, un “a mí también me está pasando”.

Lo que empezó como apoyo entre compañeros terminó convirtiéndose en una red real de acompañamiento, defensa de derechos y resistencia frente a un sistema que muchas veces expulsa antes de adaptar.

El lector descubrirá pequeñas victorias como un informe corregido, una adaptación conseguida, un compañero que decide no rendirse pueden cambiar una vida entera. Y entenderá que, a veces, contestar el teléfono a la hora justa salva más que cualquier protocolo.

Un libro que denuncia, acompaña y construye

Azul resiliente no busca confrontar, sino hacer visible lo invisible. Denuncia la deshumanización, sí, pero también ofrece claves, aprendizajes y esperanza. Es un libro que acompaña tanto a quien está pasando por una situación similar como a quien quiere entender qué ocurre cuando el uniforme pesa más de lo que debería.

Por eso conecta no solo con policías, sino con cualquier persona que haya sentido alguna vez que el sistema avanzaba sin mirar atrás.

Un proyecto solidario con impacto real

Colabora. Lee. No dejes a nadie atrás.

Comprar Azul resiliente. Más allá del uniforme es mucho más que adquirir un libro.

Es escuchar a quienes rara vez son escuchados.
Es dar voz a policías que, tras una enfermedad o un accidente, tuvieron que luchar no solo por su salud, sino por su dignidad.
Es transformar historias duras en apoyo real para quienes hoy siguen resistiendo.

El 100 % de los beneficios de este libro se destinan íntegramente a nuestra asociación.
Cada ejemplar comprado se convierte en acompañamiento, asesoramiento, defensa de derechos y apoyo humano para compañeros que atraviesan momentos difíciles.

Este libro nace del dolor, pero también de la solidaridad. De la certeza de que nadie debería quedarse solo cuando el sistema falla. De la convicción de que servir no termina cuando se cuelga el uniforme.

Si alguna vez creíste en el compañerismo.
Si alguna vez pensaste que la dignidad no se negocia.
Si alguna vez sentiste que ayudar también es una forma de servir…

Este libro es para ti.

Compra Azul resiliente. Colabora con la causa. Sé parte de la red que sostiene cuando otros caen.

Porque el azul no se apaga.
Porque resistir juntos siempre pesa menos.

La reciente modificación aprobada en el congreso del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, el día 27 de Marzo del 2025 y publicada en las últimas noticias, ha eliminado el despido automático por incapacidad permanente, un cambio que resuena especialmente en colectivos como los policías locales con discapacidad.

La reforma responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de enero de 2024, que calificó de discriminatoria la legislación española anterior, y se alinea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Organizaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han sido clave en su impulso, junto con el compromiso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este marco legal busca no solo cumplir con estándares internacionales, sino también atender demandas sociales de inclusión que se llevan realizando desde hace 20 años.

A continuación, detallamos los puntos de esta reforma, sus implicaciones generales y la perspectiva específica en las que les puede afectar.

Ailpold en mesa de negociación

En Ailpold desde que conocimos que Sumar estaba desarrollando un cambio tan importante mantuvimos reuniones en el Congreso de los Diputados, a puerta cerrada, puesto que nos indicaron que no querían hacer demasiado ruido con esto pero que tendrían muy en cuenta nuestras aportaciones.

El presidente de Ailpold, José Antonio Domingo, mantuvo tres reuniones con Veronica Martínez Barbero, diputada en el Congreso de los Diputados por SUMAR aportando toda la documentación y las sentencias Europeas en referencia a nuestro colectivo , siendo desconocedora de las mismas y emplazando a enviárselas a su gabinete jurídico para su estudio.

Posteriormente, una vez que se realizó la presentación de la propuesta, nos emplazó a enviar de nuevo las modificaciones del texto y también nos indicó que lo hiciéramos una vez que se realizara la consulta pública porque veía que iba a producirse muchas reticencias al texto que se presentaba.

Con el texto ya consolidado encima de la mesa fuimos invitados al Ateneo de Madrid para hacer la presentación del mismo junto al CERMI.

Cabe destacar que la primera propuesta era mucho más garantista despareciendo el hecho de que se podría expulsar a los trabajadores cuando no se pudieran realizar los ajustes razonables , circunstancia que se ha incluido por presiones políticas para poder llevar a cabo el cambio normativo.

¿Qué Cambia con la Reforma?

Antes de la modificación, el artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores norma marco principal de la que tienen que emanar la normativa inferior permitía extinguir automáticamente el contrato laboral por «muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador». Esto dejaba a muchas personas, incluidos policías locales, fuera del mercado laboral tras una declaración de incapacidad, sin considerar adaptaciones o reubicaciones. Con la reforma, este apartado se limita a la «muerte de la persona trabajadora» como causa automática de extinción, mientras que un nuevo apartado, el 49.1.n), establece que el fin del contrato por incapacidad solo procederá si no es posible realizar «ajustes razonables» en el puesto o reubicar al trabajador en otro compatible con su situación.

¿Que significado tiene «carga excesiva»?

El mayor escollo con el que nos podemos encontrar tras el cambio de la reforma es esta coletilla y queremos dejar un texto para poder entenderlo;

Se dice que para valorar si la adaptación del puesto de trabajo supone una «carga excesiva» para la administración:

“[…] carga es excesiva para la empresa se tendrá en cuenta si puede ser paliada en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como las costas que la adaptación implique, en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocios de la empresa”.

Y, en medidas económicas para que se consiga mantener su trabajo adaptado:

“[..] los efectos económicos de la prestación de incapacidad permanente quedaran suspendidos en tanto se mantenga el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones, u otro que resulte incompatible con la percepción de la pensión que corresponda, de acuerdo con el artículo 198 […]”

En el primer caso al ser administración y tener más de 25 trabajadores casi en el 95% de los municipios deberán de mantenernos en el puesto de trabajo.

Y en el segundo caso, aunque no estemos de acuerdo con el mismo, ya que una persona con Discapacidad necesita más medios económicos para poder vivir dignamente y no existen ayudas sociales suficientes, entendemos, que según las últimas sentencias del Tribunal Supremo, ya nos limitan explícitamente el poder compaginar prestación y sueldo , siendo algo que esperábamos que reformaran en la normativa de la seguridad social.

Por ello entendemos que es un avance pero no es suficiente para que se realice el cambio normativo adecuado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de enero de 2024 (asunto C‑631/22) , origen de esta reforma legal, esta sentencia es meridianamente clara sobre la interpretación correcta del derecho comunitario y la obligación de España a cumplirlo ampliamente sin limitaciones, por ello seguiremos luchando para que se cumpla ampliamente como marca la normativa, siendo este cambio un avance pero no siendo completamente suficiente para las personas con discapacidad.

La Perspectiva de los Policías Locales con Discapacidad

Para todos los policías locales, la reforma del artículo 49 tiene un significado especial. Este colectivo, cuya labor incluye patrullaje, intervención en emergencias y tareas administrativas, a menudo se ve afectado por incapacidades derivadas de lesiones en acto de servicio o enfermedades relacionadas con el estrés físico y mental del oficio. Antes, una declaración de incapacidad permanente total ,por ejemplo por una lesión en la espalda o una limitación auditiva podía significar el fin de su carrera aún que fuera funcional  en otras áreas.

Con la nueva normativa, los policías locales con discapacidad ganan la posibilidad de permanecer siempre en activo. Por ejemplo, un agente con una lesión que le impida patrullar podría ser reubicado en labores de oficina, formación, gestión de emergencias desde centrales o incluso en programas comunitarios, siempre que se realicen ajustes razonables. Esta flexibilidad reconoce el valor de su experiencia y formación, algo que llevamos reclamando desde hace más de 15 años, norma que aplaudimos pero con ciertos matices.

Sin embargo, no quiero indicar que todo es optimismo. Desde la perspectiva de algunos policías locales, la implementación práctica plantea retos. «El trabajo policial tiene exigencias físicas que no siempre se pueden adaptar en todos los casos».

La clave estará en cómo se definan esos «ajustes razonables» en un cuerpo donde la operatividad en la calle es casi esencial. Por ejemplo, un agente con gran movilidad reducida podría necesitar equipos adaptados o turnos específicos, algo que dependerá de la voluntad y los recursos de los ayuntamientos, responsables de las policías locales y por nuestra experiencia deja mucho que desear la prevención de riesgos laborales y las adaptaciones .

Implicaciones Generales y Específicas

A nivel general, la reforma beneficia a los trabajadores al priorizar su continuidad laboral y permitir los ajustes necesarios en su puesto de trabajo. Para las administraciones públicas, implica asumir el coste de esas adaptaciones, aunque el Gobierno ha prometido ayudas económicas. En el caso de los policías locales, los ayuntamientos deberán equilibrar la seguridad pública con la inclusión, lo que podría generar debate sobre la viabilidad de ciertos ajustes en un contexto de presupuestos limitados en municipios pequeños.

Un Futuro Más Inclusivo

La modificación del artículo 49 se suma a otros avances, como la reforma del artículo 49 de la Constitución, que eliminó términos peyorativos hacia las personas con discapacidad. Para los policías locales, representa una oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad, un aspecto que muchos destacan como parte de su identidad profesional. No obstante, su éxito dependerá de la formación de mandos, la sensibilidad de las administraciones locales y la claridad en la normativa secundaria que desarrolle conceptos como los «ajustes razonables«.

Conclusión

La reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores es un hito en la lucha por la inclusión laboral, y para los policías locales con discapacidad supone una puerta abierta a mantener su vocación pudiendo seguir prestando servicio como muchos desean. Aunque persisten incógnitas sobre su aplicación práctica en un oficio tan específico, el cambio legislativo envía un mensaje claro: la discapacidad no debe ser un obstáculo insalvable para trabajar. En un país donde la inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue siendo un reto, esta medida es un paso adelante, tanto para los agentes como para el conjunto de la sociedad.

Vicente entró en la Guardia Urbana en 2002, con 31 años y un corazón que latía por las calles de Barcelona. “Quería proteger a mi gente, hacer de mi ciudad un lugar mejor”, dice, y lo sientes en cada palabra. Durante siete años patrulló, ayudó, respiró el asfalto. Pero en 2009, un accidente laboral lo partió en dos. Una lesión en el píe y en la espalda, un tropiezo en servicio que parecía poca cosa, pero que lo dejó cojo, con un cuerpo que ya no obedecía. “Intenté seguir, porque ser policía era mi vida”, recuerda, y se le escapa un suspiro.

El Ayuntamiento no lo vio así. En lugar de adaptarle un puesto algo administrativo, algo que respetara su experiencia, lo jubilaron a la fuerza. Incapacidad permanente total, el 55% de su sueldo, y a la calle. Con 31 años, Vicente se vio fuera, con una pensión que no alcanzaba y un vacío que le quemaba por dentro. “Me echaron como si fuera un trasto roto. Me dijeron: ‘No sirves’. Eso te destroza”, confiesa, y su voz tiembla de rabia y tristeza.

Podría haberse hundido, pero Vicente no sabe rendirse. Luchó en los tribunales españoles. Ganó en primera instancia, y por un instante sintió que la justicia estaba de su lado. Pero el Consistorio recurrió, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio la espalda. El Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni siquiera abrieron su caso. Cinco años de portazos, de noches en blanco, de preguntarse por qué. “No quería lástima, solo mi derecho a trabajar”, dice, y te clava la mirada.

Entonces hizo algo histórico. En 2015, con el apoyo del CERMI, Vicente llevó su pelea al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Fue la primera denuncia individual contra España ante ese organismo, un rugido que cruzó fronteras: “No me callo”. Denunció que el Ayuntamiento violaba la Convención de la ONU, que obliga a no discriminar y a adaptar puestos para personas con discapacidad. La ONU le dio la razón, pero España no movió un dedo. “Fue un triunfo a medias. Gané, pero seguía fuera”, admite.

Vicente no peleó solo por él. Fundó AILPOLD, la Asociación para la Integración Laboral de Policías con Discapacidad, y desde ahí tendió la mano a cientos de compañeros en su misma situación. En Cataluña, en cada rincón de España, compareció donde hizo falta, alzando la voz por todos. “Si puedo salvar a uno solo de lo que yo pasé, ya vale la pena”, dice, y su orgullo es tan grande como su corazón.

La batalla duró más de una década. En 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Barcelona dio un giro al guion. La sentencia del 16 de noviembre ordenó al Ayuntamiento cumplir el dictamen de la ONU: Vicente debía ser evaluado para un puesto adaptado. “Fue como respirar después de años bajo el agua”, cuenta, y se le ilumina la cara. No fue fácil llegar ahí. Detrás estuvieron los fracasos, las puertas cerradas, pero también el apoyo de su familia, de amigos, de Gentium y de AILPOLD, su segunda piel.

Hoy, Vicente es el presidente honorifico de AILPOLD, un faro para policías que enfrentan la discapacidad. Sigue esperando que Barcelona cumpla del todo, que le devuelvan a su lugar. Tiene a su mujer y sus dos hijos como su ancla, los que lo levantan cuando pesa el mundo. “Sin ellos, no habría llegado”, confiesa con una sonrisa.

Vicente Flores Calero no es solo un guardia urbano que ganó una batalla. Es un hombre que desafió a un sistema sordo, que gritó hasta quedarse afónico para ser oído en la ONU, que dobló la injusticia con su corazón inmenso. “Quiero que nadie más pase por esto”, dice, y sus palabras te calan en lo más hondo. Porque Vicente no solo recuperó su dignidad; abrió un camino enorme para otros. Y eso, amigos, es ser un héroe de verdad.

José Miguel es un huracán de bondad envuelto en una sonrisa. Policía local de Villarrubia de los Ojos, en Castilla La Mancha, hablar con él es como abrir un libro que te atrapa desde la primera página: lleno de historias, de esas que te hacen reír, reflexionar y apretar los puños de rabia. Es todo corazón, una persona encantadora que vivía por y para su pueblo, cuidando sus calles con un orgullo que le salía del alma.

Se unió al cuerpo con una ilusión inmensa, pero la vida le tenía preparada una emboscada. Una incapacidad permanente lo arrancó de su uniforme, de su pasión. El Ayuntamiento lo expulsó sin miramientos y le dejó una pensión miserable: el 55% de un sueldo que, en Castilla La Mancha, ya era de por sí bajo. “Es una miseria, no da ni para respirar”, dice con esa mezcla de dolor y fuerza que lo define. Pero José Miguel no es de los que se quiebran fácil.

Por años se negó a denunciar a su Ayuntamiento. “Quería confiar en la palabra de los políticos, creer que harían lo justo”, cuenta, y se le nota el peso de esa esperanza traicionada. Aguantó, calló, mientras veía su vida desmoronarse. Hasta que dijo basta. Hoy sigue peleando en los tribunales, esperando que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) le devuelva lo que le quitaron: su trabajo, su lugar, su dignidad.

Pero José Miguel no es solo su lucha; es la lucha de muchos. Miembro de la junta directiva de AILPOLD, esta asociación se convirtió en su segunda familia y él en un pilar para sus compañeros. En Castilla-La Mancha, dejó una huella imborrable: junto a AILPOLD, peleó en todos los estamentos ayuntamientos, parlamentos, oficinas frías y logró uno de los cambios más grandes que se recuerdan. Gracias a él, ningún compañero de la región volverá a ser expulsado como lo fue él. “Comparecí donde hizo falta, con el corazón en la mano, porque no quería que nadie pasara por esto”, dice, y su voz tiembla de orgullo.

No se queda quieto. Se apunta a bolsas de trabajo, oposita en ayuntamientos cercanos, buscando un hueco donde encajar. Pero su sueño sigue siendo el mismo: volver a ser policía en Villarrubia, sentir de nuevo el cariño de su gente, ese que lo hacía levantarse cada día con una sonrisa. “Era feliz ahí, me sentía querido, útil. Eso no lo cambia nada”, confiesa, y te lo crees porque lo lleva escrito en los ojos.

En este camino, tiene su refugio: su mujer y sus niños. Ellos son su alegría, su fuerza. “Sin ellos no sería nada”, admite, y se le ilumina la cara al hablar de sus pequeños, de cómo lo abrazan y lo salvan de los días oscuros. Su mujer es su roca, la que lo sostiene cuando todo pesa demasiado.

Hoy, José Miguel sigue ayudando a muchísimos compañeros. Desde AILPOLD, escucha, guía, pelea por quienes, como él, han visto su vida torcida por una discapacidad. No pide lástima; pide justicia. Y aunque el TSJCM aún no resuelve, él no pierde la fe. Se levanta cada día, da pasos pequeños pero firmes, rehaciendo su vida con la misma pasión con la que patrullaba. Porque José Miguel no es solo un policía, un padre, un luchador. Es un hombre que, con su corazón inmenso, ha cambiado el destino de otros. Y eso, nadie se lo quita.

Una vida al servicio de los demás
Encarna nació con la vocación de servir. Durante años fue policía local en Miramar, un pequeño municipio de Valencia, donde patrulló las calles con orgullo y compromiso. Pero lo que debería haber sido una carrera de honor se convirtió en una pesadilla. En Miramar, Encarna sufrió acoso laboral, un tormento silencioso que minó su salud y su espíritu. Lo que empezó como un goteo de desprecios y humillaciones se transformó en una lucha diaria por mantener su dignidad.

No se rindió. Encarna denunció lo que vivía, pero el camino no fue fácil. Durante largos años, se enfrentó a un sistema que parecía sordo a su dolor. “Fueron tiempos oscuros, de sentirme sola y rota”, confiesa. Sin embargo, en medio de esa tormenta encontró un salvavidas: AILPOLD, la Asociación de Policías Locales con Discapacidad. Ellos no solo le dieron apoyo legal, sino también emocional, convirtiéndose en su familia en los momentos más duros.

Una doble batalla
El acoso dejó heridas profundas. La salud de Encarna se resintió, y una enfermedad la golpeó con fuerza, añadiendo otra capa de sufrimiento. Pero cuando intentó que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconociera una incapacidad absoluta, se topó con otro muro. “No entendía por qué todo era tan difícil”, recuerda con la voz quebrada. Fue otra lucha titánica, otro capítulo de frustración que la llevó a enfrentarse a la burocracia mientras intentaba sostenerse a sí misma, parecía que las manos y la manipulación eran inmersas llegando a todos los lados.

El triunfo en el Tribunal Supremo
Tras años de juicios, lágrimas y noches sin dormir, llegó el día que cambió todo. El Tribunal Supremo le dio la razón, reconociendo que su enfermedad psicosocial era accidente de trabajo en su puesto de trabajo en Miramar y condenando a quienes la habían dañado. Fue una victoria agridulce. “Ganar no borra el dolor, pero al menos sentí que alguien me escuchó”, dice Encarna. Ese fallo fue un reconocimiento a su valentía, un paso hacia la justicia que tanto había buscado, no haciéndose justicia de forma completa pero al menos el alto tribunal le decía que tenía razón en esta lucha.

Rehaciendo su vida en Oliva
Hoy, Encarna vive en Oliva, Valencia, un lugar donde intenta sanar las heridas del pasado. A su lado está Paco, su marido, su mayor apoyo, el hombre que ha estado con ella en cada caída y cada pequeño triunfo. “Sin él, no sé cómo lo habría soportado”, admite con una sonrisa tímida. También están sus amigos, que le traen risas y calor humano, y Tomás, su gato, un compañero silencioso que la acompaña en los días grises.

El dolor y la frustración aún la visitan. Hay mañanas en las que el peso de lo vivido la aplasta, pero Encarna está decidida a seguir adelante. “No es fácil rehacerte después de tanto dolor, pero lo intento cada día”, asegura. Ahora, con el apoyo de quienes la quieren, está encontrando un nuevo equilibrio. Su historia no termina en la lucha; empieza en la esperanza que, poco a poco, va floreciendo en su vida.

Un legado de coraje
Encarna Navarro Moreno no es solo una policía que ganó un juicio. Es una mujer que nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, se puede encontrar fuerza para levantarse. Gracias a AILPOLD, a Paco, a sus amigos y a Tomás, está mucho mejor. Y aunque el camino sigue siendo empinado, ella camina con la cabeza alta, recordándonos que la verdadera victoria no está solo en ganar, sino en no dejar que te quiten quién eres.

La historia de Juan es la historia de un policía local de Puerto Serrano, Cádiz, que en la madrugada del 17 de enero de 2015 vio cómo su vida se desmoronaba en un instante, víctima de una agresión brutal que le arrancó un ojo y casi lo mata. Pero lo que vino después fue aún más duro: una lucha interminable contra la injusticia, la burocracia y el abandono, un calvario que lo marcó tan profundamente como las heridas físicas.

Juan tenía solo 31 años, una vocación que le ardía en el pecho desde niño y una familia que dependía de él. Aquella noche, mientras patrullaba con un compañero, se topó con Jorge Venegas, del clan conocido como “Los Cachimbas”, haciendo trompos con su coche por el pueblo. Podría haber mirado para otro lado, como tantos otros ante el temor que esa familia inspiraba en Puerto Serrano. Pero Juan no era así. Decidió actuar, detenerlo. Lo que no imaginaba era que esa decisión desataría una pesadilla en su vida.

Tras arrestar a Jorge y llevarlo a la jefatura un edificio precario, un antiguo bar con una puerta de cristal que no ofrecía seguridad alguna, los hermanos Venegas, Pedro y José, irrumpieron con furia. Pedro, armado con un trozo de vidrio de esa misma puerta rota, se abalanzó sobre Juan. “Te voy a matar”, le gritó. El cristal se hundió en su ojo izquierdo, le rajó el rostro, el paladar, y pasó a apenas un centímetro de su yugular. Juan cayó al suelo, empapado en sangre, mientras su compañero, cegado por un spray, no podía ayudarlo. Sacó su pistola, pero no disparó. “Pensé en mis hijos, en no meterme en líos”, confesaría después. Logró escapar al coche patrulla, vivo de milagro.

El ataque le dejó ciego de un ojo, con secuelas físicas permanentes y un trauma psicológico que aún lo persigue en pesadillas. Pero el verdadero infierno empezó cuando la administración, esa que debía protegerlo, le dio la espalda. Le reconocieron una Incapacidad Permanente Total, apenas el 55% de su sueldo, mientras su agresor, Pedro Venegas, recibía de oficio una pensión absoluta del 100% por “trastorno psiquiátrico”. Una paradoja cruel que Juan aún no entiende: “Es lamentable que yo tenga que pelear en juicios mientras él, que casi me mata, tiene más derechos que yo”.

Durante años, Juan luchó en los tribunales. Contra el Ayuntamiento de Puerto Serrano, por no garantizar la seguridad en la jefatura las cámaras eran falsas, la puerta no era blindada, todo era un puto desastre nos dice. Lucho contra el INSS, que se negaba a aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los policías. Fueron seis juicios, seis años de desgaste, de sentirse humillado, de escuchar que no valía para nada. “Me convirtieron en un inútil”, decía, con la voz rota. Su sueldo mermado apenas alcanzaba para mantener a su mujer y sus tres hijos, uno de ellos en Cádiz, a quien pagaba manutención. Las noches eran lo peor: flashes del ataque, insomnio, el miedo constante a perder el ojo sano.

Pero Juan no estaba solo. Su abogado, Ramón Dávila, se volcó en su caso, y AILPOLD, una asociación que defiende a policías con discapacidades, le dio el apoyo que su administración le negó. Compañeros de toda España mossos, guardias civiles, locales le tendieron la mano. Y su familia, su refugio, lo sostuvo cuando todo parecía derrumbarse.

En 2021, tras una batalla titánica, llegaron las victorias. La justicia condenó a “Los Cachimbas” a penas de hasta 13 años de prisión. El TSJ de Andalucía reconoció que la jefatura no cumplía las normas de seguridad, y el Ayuntamiento fue obligado a indemnizarlo. El nuevo alcalde, Daniel Pérez, llegó a un acuerdo con Juan para cerrar los pleitos, un gesto de humanidad que contrastó con el abandono anterior. “Por fin siento que se ha hecho justicia”, dijo Juan el día que supo que todo acababa, coincidiendo con su cumpleaños. Pero añadía: “Estoy satisfecho, pero cansado. Ha sido muy duro”.

Hoy, a sus 41 años, Juan vive en Ubrique con su mujer y sus hijos pequeños. No puede volver a ser policía, su gran pasión, pero ha encontrado un propósito: ayudar a otros agentes en su situación, abogar por una ley que proteja de verdad a quienes se juegan la vida por los demás. Su cuerpo lleva las cicatrices de aquella noche, su mente las de la lucha que siguió. Sin embargo, hay algo que nadie le quitó: su dignidad. “Tengo la conciencia tranquila”, dice. Y eso, en un mundo que a veces parece olvidar a sus héroes, es su mayor triunfo.

Hoy pasea por sus olivos sintiéndose un hombre afortunado con su fiel compañera Magui.

Dª María José SEGARRA CRESPO nombrada el 27 de octubre del año pasado, por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , Carlos Lesmes,  junto a otros tres nuevos fiscales de Sala.  Cubriendo así la recién creada plaza de fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.  Segarra, fiscal general del Estado entre el 4 de julio 2018 y el 11 de enero 2020, accedió a la carrera fiscal en el año 1987 y estuvo destinada en las fiscalías de Barcelona y Sevilla.

Cabe destacar que su nombramiento fue celebrado desde le Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)  pues esta posición estaba pendiente de dotación desde el año 2018.

Dª Avelina ALIA ROBLES es Fiscal especialista en discapacidad. Es conocedora directa de las barreras que afectan a este colectivo, trabaja en la capacitación de los operadores jurídicos, formación del tejido asociativo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Interviniendo en numerosas conferencias y tiene diversas publicaciones en la materia. Ha colaborado en los grupos de trabajo técnicos conformados por el CGPJ en el marco del “Plan de Choque en la Administración de justicia tras el estado de alarma, que dio lugar al documento “Medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables”, aprobado el 11 de mayo de 2020 y, más recientemente, ha participado en una Guía Práctica dirigida a funcionarios del CNP sobre discapacidad y discriminación.

Tras una breve presentación por parte de la delegada en Cataluña, ha tomado la palabra el presidente de la Asociación, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de apoyo institucional para resolver la precaria situación en la que se encuentran algunos compañeros tras sufrir una discapacidad sobrevenida. Y el daño a la imagen de las instituciones del Estado al tener ya dos díctamenes del Comite de la ONU por vulneración de los Tratados Internacionales legalmente ratificados por el Gobierno de España. Y a la espera de resolución de 3 comunicados que fueron aceptados a trámite. Que afectan a un policía local del municipio de l’Hospitalet de Llobregat y a dos policías autonómicos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Posteriormente, y para concluir, el delegado de la Comunidad de Madrid ha analizado la problemática desde un punto de vista técnico/jurídico.

Finalizada la reunión, hemos sido emplazados a remitir los dictámenes de la ONU por vulneración (favorables para dos de nuestros afiliados), junto con los reglamentos de Segunda Actividad de los municipios de Palafrugell y Cerdanyola del Vallés (como ejemplos de reglamento inclusivo), para ser analizados por nuestras interlocutoras, a las que agradecemos enormemente su tiempo y su atención.

Esperamos, y deseamos, que esta entrevista dé sus frutos en un futuro no muy lejano.

Y aprovechamos para agradecer el tiempo y dedicación de ambas personas.

Tras finalizar la reunión unos días después nos ha echo llegar el documento de tramite de información a todas las fiscalías de discapacidad para que fiscalía se persone en los casos en los que estemos inmersos. Y tras unos meses de Espera y tras la personación de fiscalía en Mallorca ya tenemos la primera resolución de Europa de que se nos está vulnerado el derecho al trabajo y a la vez se nos vulnera por discapacidad indicando a España que tiene que regular dicha situación.